La práctica profesional de la Abogacía es un constante enfrentamiento a la injusticia, donde cada parte narra la versión de los hechos a su modo y produce pruebas en las que sustenta sus aseveraciones. El juez es el director del proceso y tiene el deber de buscar la verdad material a tal punto que en materia civil puede producir pruebas por su cuenta que le ayuden a generar convicción y certeza cuando no son suficientes las presentadas por las partes.
Este novel espíritu de la ley permite crearnos una esperanza en los nuevos Códigos (Código de Procedimiento Civil, Código de las Familias y del Proceso Familiar, Ley del Notariado y el Proyecto del Sistema Penal), pero el problema no son sólo las leyes que gracias a la iniciativa del actual Ministro de Justicia y el grupo del gabinete jurídico han logrado renovarlas, sino los recursos humanos, de nada sirve una buena ley si los operadores son malos. Y esto nos lleva a dos grandes problemas que palpamos al momento de ingresar a una contienda judicial.
1. Corrupción
2. Retardación de Justicia
Sin duda, es el veneno que corroe y deja mal parado a los administradores de Justicia. El primero radica en su fuero interno pero el segundo en una mezcla de deshumanización de la autoridad judicial y la falta de infraestructura e implementación de Tecnología para realmente enlazar la realidad con el supuesto establecido en la norma. (Ejemplo, las notificaciones por correo).
En suma, el tratamiento a estas enfermedades está en cultivar valores y no perder la esencia del ser del Abogado como defensor del mas alto ideal del Derecho, la justicia.
Ahora se vienen las elecciones judiciales que mas que augurar un buen futuro presagia un advenimiento de profunda crisis en la justicia por que no responde a los verdaderos principios de idoneidad, legalidad y transparencia. Veamos, la exigencia de paridad de género en los comicios presupone que se puede estar rechazando a un candidato idóneo para que ocupe el lugar una mujer o una persona autoidentificada indígena, considero que esos criterios deben dejarse para el acceso universal a los derechos fundamentales en general y no para el acceso a una función pública tan elemental como lo es la de magistrado.
Con respecto a la legalidad, el Delegado de la UAGRM, el abogado Saúl Paniagua siendo fiel a sus principios luego de percatarse de la forma en que se estaban legalizado los títulos de postgrados a través de Notarios decide retirarse del proceso ya que estos últimos no están facilitados a legalizar archivos que no están en sus despachos.
La transparencia es un temor del ciudadano que ya no confía en los comicios electorales y en especial del judicial que cae como anillo al dedo para el Gobierno para manejar su estrategia política de consulta al año para dar luz verde a su candidato oficial Evo Morales Ayma a la primera magistratura.
Con todo lo expuesto, cabe esperar la finalización de este mandato presidencial y reformar realmente y no aparentemente para otorgar esperanza y confianza en la población.
Comentarios
Publicar un comentario